¿Anticlericalismo o justicia social?
El debate intenso que en este momento está teniendo lugar en la sociedad sobre si la Iglesia debe pagar el impuesto de Bienes Inmuebles -la contribución-, o no, está tomando un cariz que en ocasiones desborda el rigor y el análisis para convertirse en una acción política de unos contra otros.
Es cierto que existe un acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979 por lo que ésta queda exenta del pago del IBI, pero no es menos cierto que los acuerdos pueden sufrir modificaciones siempre y según las circunstancias.
Instar al Gobierno Central a que modifique la Ley de Hacienda Local, la Ley Mecenazgo o la revisión del Concordato con la Santa Sede, puede ser algo más que un gesto de valentia. Puede y es un gesto de JUSTICIA, máxime en un Estado aconfesional.
El propio Artº IV de ese Concordato en su apartado B dice:
"Esta exención no alcanzará a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas ni a los derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle cedido, ni a las ganancias del capital, ni tampoco a los rendimientos sometidos a retención en la fuente por impuestos sobre la renta".
Más claro ni el agua.
Juan Luis Vallina Ariznavarreta
( miembro de la Junta Directiva del ARA)
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